El cuchillo cayó, casi sin previo aviso. Aunque no era ningún secreto que las cuentas públicas se estaban descontrolando, nadie había previsto un deterioro de esta magnitud. Salvo que se anularan entre 6.000 y 7.000 millones en créditos, después de que ya se hubieran congelado 16.500 millones que seguían pendientes, el déficit superaría el 7% del PIB este año, en lugar del 4,4% previsto inicialmente en el Plan Presupuestario para 2024. ¿Cómo y con qué medios? Faltan respuestas, y esta ausencia hace que la situación sea aún más crítica.
En tal contexto, el nuevo equipo en el poder no tenía más remedio que actuar con decisión, a riesgo de debilitar una situación política y económica ya precaria. Sin embargo, a estas alturas, la Ley de Finanzas 2025 es más bien un mal menor, que evita los temidos escollos de un ajuste presupuestario del 2% del PIB sólo en 2025, sobre todo en términos sociales, aunque no únicamente.
Es probable que la concentración de las subidas de impuestos en el 0,3% de los contribuyentes más ricos y en las empresas más grandes, junto con la indexación de los tramos impositivos a la inflación, reduzcan el impacto económico del aumento previsto de 19.400 millones en los ingresos fiscales. Los esfuerzos en el frente del gasto suponen una amenaza mayor para las perspectivas de crecimiento y los imperativos medioambientales. Es probable que las reducciones de los fondos “verdes”, las subvenciones para la renovación energética y el impacto de la congelación de los presupuestos de las autoridades locales en la inversión pública sean más costosas para las empresas que el aumento de los impuestos. Pero el desglose de los recortes, tras un año de fuertes aumentos del gasto en 2024, debería amortiguar el golpe… siempre que, no obstante, sea temporal.
Ahí es donde radica la cuestión. Los supuestos en los que se basan las cifras del gobierno facilitan, sin duda, la consecución de un proyecto de presupuesto cuyos resultados podrían ser, una vez más, puestos a dura prueba. Con un 5%, frente al 6,1% de este año, el objetivo de déficit para 2025 sigue estando muy por encima del 3% previsto para 2029. Al limitar el esfuerzo al 2% del PIB para 2025, Francia ha tomado la decisión correcta para evitar caer en la trampa de la austeridad, cuyos peligros e ineficacia han demostrado los resultados del pasado. Sin embargo, no alcanzar el objetivo del 5% de déficit este año aumentaría el número de ajustes que aún hay que hacer en los próximos años y el riesgo de respuestas más costosas para las perspectivas francesas. Tal como están las cosas, no parecen existir argumentos a favor de un endurecimiento de los diferenciales hasta sus niveles anteriores a las elecciones de primavera.